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28 Jan ' 00:44
2010-01-27 Los primeros días del 2010 han estado marcados por diversas manifestaciones de inseguridad y violencia. Esta situación se agrava cada vez más mientras las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública han sido incapaces de frenar las muertes, extorsiones, robos, secuestros y demás acciones criminales.
Se aumentó la presencia militar en las ciudades y el campo y se les dio más funciones de seguridad pública que antes, pero la medida no ha rendido los frutos ofrecidos, al contrario, las granadas y armamento de uso privativo de la Fuerza Armada están siendo usadas para asesinar, lesionar y aterrorizar a la gente.
En este contexto, deben condenarse enérgicamente las amenazas al Procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. El autodenominado “Grupo Antidelincuencial” le dio 48 horas para abandonar el país y anunció que empezará a asesinar delincuentes.
Las autoridades tienen que resguardar la integridad y la vida del procurador Luna y su familia. Asimismo, es preciso que se investigue el origen de las amenazas y que se sancione ejemplarmente a los responsables. Hay que asegurar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realice su labor sin presiones como esta, para que garantice que en las tareas de seguridad pública no se atropellen los derechos de la gente.
En el actual escenario de violencia, también es condenable la ejecución de Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana.
Este hecho criminal se produce en un momento complicado para los trabajadores y trabajadoras del sector público, que ha estado marcado por numerosos despidos y abundantes denuncias de violaciones a los derechos humanos. En ese marco, los liderazgos sindicales como el de Victoriano Vega han jugado un rol determinante para hacer frente a los abusos y arbitrariedades.
La sociedad salvadoreña enfrenta un momento difícil. A diario mueren alrededor de trece personas y los homicidios por cada cien mil habitantes superan los setenta y cinco. Eso nos ubica como el país más violento del continente. La mezcla de crisis económica, despidos masivos y violencia puede resultar desastrosa.
Por todo, es necesario que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la judicatura promuevan ya las acciones necesarias para librar de armas a la sociedad, incrementar el número, las capacidades y la tecnificación del personal encargado de la seguridad pública, profundizar la depuración institucional y para dotar al país de un Instituto de Investigación Científica del Delito.
Todo lo ocurrido en este primer mes debe hacer reflexionar a las autoridades y a la sociedad. Si no se hace algo de inmediato, este podría ser un año históricamente negativo para el país. Urgen medidas inteligentes, audaces e integrales, pero respetuosas de la legalidad y los derechos humanos. Hay que retomar el control del país para encaminarlo a la pacificación y el desarrollo.
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