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21 Jan ' 20:54
2010-01-22 Uno de los argumentos que la ciudadanía expone para no denunciar a los extorsionistas, ladrones u otros agresores, es su temor a que quien recibe la denuncia sea cómplice de los criminales. Dos noticias recientes hacen pensar que esto es más que una percepción: se suspendió la graduación de un aspirante a policía por tener familiares pandilleros y se informó que diez soldados fueron dados de baja por pertenecer a las maras.
Son dos casos diferentes pero que justifican el recelo de la gente. Ciertamente no se le puede castigar a una persona porque un familiar cometa un delito, eso sería aberrante. En este caso no se trata de que el aspirante a agente sea delincuente, ni siquiera su familiar.
En este caso, debería confiarse en los controles internos y verificar que el agente no beneficie a su pariente. Él no tendría porque pagar las consecuencias de lo que hace otra persona, por más vínculos de sangre o sentimentales que existan.
Lo que sí refleja este hecho es la desconfianza justificada o no sobre los controles. Recientemente se han encontrado oficiales vinculados al crimen organizado en la zona oriental. Eso ya se investiga. La inspectoría también ha iniciado indagaciones contra otros altos mandos policiales. Ese es el camino, pero también controlar que la delincuencia organizada no pase los filtros de la academia.
Eso ocurrió en la Fuerza Armada de El Salvador. Al menos diez soldados fueron dados de baja, esos sí, por pertenecer a las pandillas. Igual debe comprobarse que han cometido delitos, pero el que hayan ingresado muestra deficiencias en el “colador” militar.
Por la separación de estos miembros queda claro que de haber conocido esta vinculación no hubieran llegado a empuñar nunca un fúsil. Así como no se enteraron de esta pertenencia, ¿Quién asegura que pueden identificar a contrabandistas, narcotraficantes, tratantes, secuestradores y otro tipo de criminales organizados?
Ahora hay granadas sembrando el pánico en la población y se desaparecen los fusiles, nada más y nada menos, que del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada. Esa situación exige que haya mejores controles, no sólo en la admisión, también en la administración y cuido de los armamentos.
Antes de proponer estados de sitio hay que sanear la institucionalidad y fortalecerla. Decretar la suspensión de garantías constitucionales y permitir que agentes y soldados puedan actuar arbitrariamente es peligroso. El remedio puede salir peor que la enfermedad.
La desesperación ante la violencia no debe llevar a la militarización de la sociedad. El país ya transitó por esa senda y hace sólo unos días el presidente de la República debió pedir perdón por los abusos cometidos. Hay que repasar esa página de la historia y no repetirla. La diferencia entre entonces y hoy debe estar en el fortalecimiento institucional, la lucha frontal contra la impunidad, la apuesta por la investigación y el reestablecimiento del tejido social.
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