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07 Mar ' 05:32
2010-03-01 -
10 Feb ' 06:32
2010-02-09 4,367 homicidios durante 2009, de estos 606 víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Al segundo mes de este 2010, la tendencia creciente en la violencia sigue cobrando vidas. Dos masacres y cuerpos de jóvenes mujeres mutilados han sido encontrados en lo que va de febrero. Ante esta realidad de violencia, muerte e indignación, las autoridades siguen sin encontrar las respuestas efectivas para hacerle frente a este fenómeno.
Las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad ya han sido desbordadas, la inclusión de las fuerzas militares en tareas de seguridad lo terminó de comprobar. El discurso sobre la herencia de las gestiones pasadas parece ceder; sin embargo, aún no se ha dado un giro con respecto a la administración de la seguridad por parte del nuevo ejecutivo.
Hasta el momento, las acciones de corte inmediato lanzadas no han generado los efectos esperados en términos de reducción del crimen y de la violencia hacia la población. Ante el difícil contexto actual, el presidente Funes ha anunciado un plan de seguridad.
Entre las medidas contempladas destaca la reforma al sistema penitenciario, tarea que requiere no sólo de mayores y mejores recursos, sino de un proceso de depuración administrativa y operativa, por medio de la cual se limpien las estructuras del sistema carcelario.
La atención a las víctimas también aparece como una línea de trabajo dentro de este nuevo plan de seguridad. Sobre este punto es necesario subrayar que ya existe un programa de esta naturaleza, por lo cual se esperaría una revisión del mismo por parte de las autoridades, a fin de encontrar fortalezas y debilidades, para luego aplicar los ajustes necesarios.
Si bien no hay mucha información disponible al respecto de las nuevas medidas, es de esperar que este programa logre cubrir la demanda no sólo en términos de recepción de casos, sino en efectividad en el acompañamiento y preservación de los derechos de las personas.
Con respecto a la prevención, esta apareció como parte de los ejes a lanzar. Esta se basaría en la reducción de factores de riesgo presentes en la sociedad actual, tales como la portación de armas. Ya en el pasado se han implementado medidas relativas a la no portación; sin embargo está por verse un verdadero compromiso de las nuevas autoridades para lograr el desarme total de la población civil.
Según Funes, estas medidas serán sometidas a procesos de consulta con varios sectores. Una iniciativa loable, pero que debe verse con profundidad, pues de órganos consultivos y procesos de participación similares han surgido propuestas, refuerzos y medidas importantes que acaban en un archivo y nunca son puestas en marcha.
Un punto fundamental de esta nueva propuesta gubernamental debiera ser la búsqueda de justicia. De nada sirve intentar prevenir la violencia, reforzar con recursos a los aparatos de seguridad ni reformar el sistema carcelario, si el sistema judicial y la investigación no conducen a la pronta justicia para las víctimas.
La deuda sigue siendo la impunidad en la que estos hechos descansan. Por lo que además de estas medidas deben emprenderse ya cambios institucionales en el sistema de justicia. Si bien este eje ha sido parte de los anuncios de Funes, habrá que ver cómo tal componente se desarrolla.
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08 Feb ' 14:17
2010-02-08 -
30 Jan ' 04:43
2010-01-29 La gran empresa ha tenido una vez más su encuentro nacional. Y ha publicado su propuesta de empleo, productividad y desarrollo. Un documento interesante para debatir y leer, pero bastante plagado de contradicciones y afirmaciones muy discutibles. Si algo demuestra el documento de ENADE, es que a la empresa privada, especialmente a los grandes empresarios, les hace falta mucho más debate y más formación.
Para empezar, el documento habla ingenuamente del proceso de reducción de la pobreza en El Salvador en los años precedentes a la crisis internacional actual. Pero ignora totalmente que esa reducción de la pobreza era enormemente vulnerable. El propio PNUD advertía antes de la crisis que el 80% de la población laborante en El Salvador no tenía lo que en términos técnicos se llama un empleo con salario decente. De hecho, si aceptamos que antes de la crisis el número de salvadoreños en pobreza era de un 30% de la población, como decían los gobiernos de ARENA, tendremos que reconocer que a causa de la crisis, en aproximadamente dos años, el número de pobres ha crecido en El Salvador un 50%. Al menos esos son los cálculos gubernamentales cuando se nos dice que la población en pobreza ha pasado del 30% al 45%. Quince puntos porcentuales más, equivalen en efecto a un crecimiento del 50% en el número de pobres existentes previamente. Y demuestra lo terriblemente falso y vulnerable que era el sistema de desarrollo salvadoreño.
En El Salvador nunca ha habido una política seria de redistribución de la riqueza. Y esa debería ser la gran tarea de todos, mejorando al mismo tiempo la productividad y la seguridad jurídica y ciudadana. Sin entender ni discutir este tema, la empresa privada no será un factor pleno de desarrollo. Al menos si partimos de la premisa indispensable de que el desarrollo sea equitativo y patrimonio de toda la ciudadanía. Porque el desarrollo, o es patrimonio de todos y todas, o no será verdadero desarrollo.
La concepción de desarrollo del documento de ENADE, demasiado enraizada en el mercado, brilla en sus detalles, muchos de ellos alucinantes. Pedir la prueba internacional TOEFL de conocimiento de inglés al final del bachillerato es tener poca idea de lo que es el bachillerato salvadoreño y sus posibilidades. Ciertamente es importante que al terminar el bachillerato nuestros estudiantes sepan mucho más inglés del que ahora conocen al terminar sus estudios. Pero en un bachillerato en el que se sale con un bajo nivel de conocimiento del castellano y un deficiente conocimiento de las matemáticas, no se puede priorizar el inglés como elemento fundamental de formación. Hay que mejorar el inglés, pero hay otras mejoras indispensables y más cruciales en el terreno educativo para el pleno desarrollo de nuestro país. A no ser que la máxima aspiración de la empresa privada sea que nuestros bachilleres se marchen a lavar platos a Estados Unidos y nos envíen mayor cantidad de remesas para captación de quienes se queden haciendo negocio en El Salvador.
La lista de solicitudes en el campo de la seguridad muestra también el poco conocimiento del tema. Si la empresa privada está preocupada por todo lo que tiene que invertir en seguridad privada, debería pensar si no sería más rentable invertir en una fuerza policial con mayor número de policías y mejor preparada. Ello implica también una responsabilidad mayor de nuestros gobiernos. Pero una alianza empresa-gobierno para mejorar la PNC tanto en número como en formación, poniendo más dinero la empresa privada, y más responsabilidad y seriedad el Gobierno, sería sin duda mucho más eficaz.
Falta en el documento de la empresa una planteamiento serio y responsable sobre una reforma fiscal. Ese es el gran tema de diálogo que la empresa privada debe asumir con la sociedad y con el actual Gobierno. Es cierto que el Gobierno tiene que hacer mayores inversiones en educación, salud, seguridad. Pero los fondos tiene que salir de alguna parte. Y no se puede decir alegremente que tienen que salir de todos. Porque de ese 45% de pobres, o de ese 80% que no tiene un salario decente, difícilmente pueden salir más fondos de los que ya están aportando. Aportación de los pobres que por la vía del IVA afecta con mucha más dureza a su presupuesto que el impuesto sobre la renta a las empresas y a las clases media-altas y altas.
Con todo y las críticas, el documento de ENADE es un buen punto de partida para debatir con la empresa. Pero algunas cosas realmente sobran. Pedir que se impulse el turismo de salud mientras se dice que hasta el año 2024 habrá un sistema de salud unificado en el país es sencillamente una muestra paladina de la falta de sensibilidad social de quienes escribieron el documento. Otras propuestas asombran por la ignorancia que implican. Por ejemplo la de ampliar la emisión del DUI desde el nacimiento. Viendo la incapacidad de DOCUSAL, por cierto una empresa privada, para cubrir la renovación del DUI, la gran empresa debería ser un poco más cauta y menos cómica en sus propuestas. Si se comenzara con el DUI a partir de los 16 años, y el DUI fuera simultáneamente el número de registro tributario, se estaría dando un paso serio en la modernización del Estado. La propuesta de extensión del DUI al nacimiento es, por el contrario, cómica, da risa.
La empresa privada es factor indispensable de desarrollo. Como grupo tienen un enorme liderazgo en el país, aunque haya bajado su prestigio ante la opinión pública. Sin la empresa privada no habrá desarrollo en el país, y eso tenemos que tenerlo muy claro todos, incluidos los militantes más radicales del FMLN. Pero también la empresa privada debe escuchar más a quienes saben más que ellos de desarrollo en justicia y equidad. Al mercado le toca producir riqueza, al estado le toca redistribuirla y a la ciudadanía supervisar la justa redistribución. El estado tiene que escuchar a la empresa, pero también tiene que ser responsable con el desarrollo justo y equitativo. Viendo el documento de ENADE se advierte que el empresariado necesita con urgencia escuchar más a la población civil, y a la población en general, tan golpeada por carencias económicas y sociales.
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28 Jan ' 00:44
2010-01-27 Los primeros días del 2010 han estado marcados por diversas manifestaciones de inseguridad y violencia. Esta situación se agrava cada vez más mientras las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública han sido incapaces de frenar las muertes, extorsiones, robos, secuestros y demás acciones criminales.
Se aumentó la presencia militar en las ciudades y el campo y se les dio más funciones de seguridad pública que antes, pero la medida no ha rendido los frutos ofrecidos, al contrario, las granadas y armamento de uso privativo de la Fuerza Armada están siendo usadas para asesinar, lesionar y aterrorizar a la gente.
En este contexto, deben condenarse enérgicamente las amenazas al Procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. El autodenominado “Grupo Antidelincuencial” le dio 48 horas para abandonar el país y anunció que empezará a asesinar delincuentes.
Las autoridades tienen que resguardar la integridad y la vida del procurador Luna y su familia. Asimismo, es preciso que se investigue el origen de las amenazas y que se sancione ejemplarmente a los responsables. Hay que asegurar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realice su labor sin presiones como esta, para que garantice que en las tareas de seguridad pública no se atropellen los derechos de la gente.
En el actual escenario de violencia, también es condenable la ejecución de Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana.
Este hecho criminal se produce en un momento complicado para los trabajadores y trabajadoras del sector público, que ha estado marcado por numerosos despidos y abundantes denuncias de violaciones a los derechos humanos. En ese marco, los liderazgos sindicales como el de Victoriano Vega han jugado un rol determinante para hacer frente a los abusos y arbitrariedades.
La sociedad salvadoreña enfrenta un momento difícil. A diario mueren alrededor de trece personas y los homicidios por cada cien mil habitantes superan los setenta y cinco. Eso nos ubica como el país más violento del continente. La mezcla de crisis económica, despidos masivos y violencia puede resultar desastrosa.
Por todo, es necesario que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la judicatura promuevan ya las acciones necesarias para librar de armas a la sociedad, incrementar el número, las capacidades y la tecnificación del personal encargado de la seguridad pública, profundizar la depuración institucional y para dotar al país de un Instituto de Investigación Científica del Delito.
Todo lo ocurrido en este primer mes debe hacer reflexionar a las autoridades y a la sociedad. Si no se hace algo de inmediato, este podría ser un año históricamente negativo para el país. Urgen medidas inteligentes, audaces e integrales, pero respetuosas de la legalidad y los derechos humanos. Hay que retomar el control del país para encaminarlo a la pacificación y el desarrollo.
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27 Jan ' 00:06
2010-01-26 Ciertos sectores de El Salvador gustan de producir fantasmas. Cualquier idea que no sea propia la ven como una terrible conspiración. Ahora es el referéndum uno de los temas que asustan. Sin embargo desde hace tiempo muchas personas democráticas han venido hablando de que se necesitan cambios en la Constitución. Entre ellos se ha mencionado con frecuencia la aprobación del referéndum. Nadie entonces protestaba, porque seguramente confiaban en que ARENA no lo iba a permitir. Pero ahora que el FMLN habla del tema, el referéndum se convierte en una especie de prueba de que se quiere seguir el camino de Hugo Chávez.
Pero el referéndum en sí mismo no es ni antidemocrático ni, mucho menos, malo. Que Chávez lo use bien o mal es simplemente una cuestión de apreciación política y ética. De hecho a muchos nos gustó la figura del referéndum precisamente cuando se intentó echar a Chávez del poder. El famoso referéndum revocatorio en Venezuela fue aplaudido con entusiasmo por nuestra derecha criolla. Así mismo a muchos nos hubiera parecido también más democrático que antes de enviar tropas a IRAK, aquel pésimo presidente que fue Francisco Flores hubiera hecho un referéndum sobre si enviar soldados o no a dicho país petrolero. Pero ni el presidente ni la democracia salvadoreña no daban para tanto en aquel momento.
Si queremos buscar un punto de vista imparcial sobre el referéndum podemos acudir a la doctrina social de la Iglesia. En el número 413 del Compendio de Doctrina social de la Iglesia, editado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, se nos dice textualmente lo siguiente: “El referéndum es también un instrumento de participación política, con él se realiza una forma directa de elaborar las decisiones políticas. La representación política no excluye, en efecto, que los ciudadanos puedan ser interpelados directamente en las decisiones de mayor importancia para la vida social”. En otras palabras, que no podemos establecer una contradicción entre democracia representativa y democracia participativa. Al contrario, ambas contribuyen al desarrollo de la democracia.
En el caso de El Salvador se podría perfectamente introducir el referéndum en la legislación, haciendo constar de que no es un mecanismo para cambiar la Constitución. La Constitución señala ya los modos de cambio y qué se puede cambiar y qué no en su propio texto. Ciertamente el régimen representativo y pluripartidista es esencial no solo a la Constitución, sino a la democracia, y debe mantenerse. La no reelección inmediata de los presidentes, aun no siendo esencial para la democracia, es conveniente en nuestro caso particular mientras la democracia no esté mejor asentada. El referéndum podría ser un mecanismo importante de revalidación de políticas concretas. Y ciertamente daría a los salvadoreños un nivel mayor de participación democrática.
Ciertamente no se trata de usar el referéndum a cada rato. Es una medida extraordinaria, y para obligar al Estado a convocarlo se deberían reunir más firmas de solicitud que para poder constituir un partido político. Pero ciertamente hubiera salvado la vida de varios salvadoreños si se hubiera convocado antes de tomar la decisión de enviar soldados a IRAK.
Si detrás de cada propuesta de un partido político que no nos guste vemos una falsa y malvada intención, el diálogo en El Salvador no prosperará nunca. No podemos ver maldad en todo lo que ARENA propone, aunque mientras fue gobierno no lo hubiera propuesto, ni podemos ver maldad en todo lo que propone el FMLN. Lo fundamental en la democracia es analizar desapasionadamente las cosas y ver si la propuesta es buena o mala para la democracia y el desarrollo. Y como cualquier propuesta buena puede ser utilizada mal, también discutir con racionalidad qué limitaciones se le pone a toda propuesta buena, para que pueda ser utilizada solamente de un modo positivo. El referéndum es de esas ideas buenas que hay que saber manejar bien. -
21 Jan ' 20:54
2010-01-22 Uno de los argumentos que la ciudadanía expone para no denunciar a los extorsionistas, ladrones u otros agresores, es su temor a que quien recibe la denuncia sea cómplice de los criminales. Dos noticias recientes hacen pensar que esto es más que una percepción: se suspendió la graduación de un aspirante a policía por tener familiares pandilleros y se informó que diez soldados fueron dados de baja por pertenecer a las maras.
Son dos casos diferentes pero que justifican el recelo de la gente. Ciertamente no se le puede castigar a una persona porque un familiar cometa un delito, eso sería aberrante. En este caso no se trata de que el aspirante a agente sea delincuente, ni siquiera su familiar.
En este caso, debería confiarse en los controles internos y verificar que el agente no beneficie a su pariente. Él no tendría porque pagar las consecuencias de lo que hace otra persona, por más vínculos de sangre o sentimentales que existan.
Lo que sí refleja este hecho es la desconfianza justificada o no sobre los controles. Recientemente se han encontrado oficiales vinculados al crimen organizado en la zona oriental. Eso ya se investiga. La inspectoría también ha iniciado indagaciones contra otros altos mandos policiales. Ese es el camino, pero también controlar que la delincuencia organizada no pase los filtros de la academia.
Eso ocurrió en la Fuerza Armada de El Salvador. Al menos diez soldados fueron dados de baja, esos sí, por pertenecer a las pandillas. Igual debe comprobarse que han cometido delitos, pero el que hayan ingresado muestra deficiencias en el “colador” militar.
Por la separación de estos miembros queda claro que de haber conocido esta vinculación no hubieran llegado a empuñar nunca un fúsil. Así como no se enteraron de esta pertenencia, ¿Quién asegura que pueden identificar a contrabandistas, narcotraficantes, tratantes, secuestradores y otro tipo de criminales organizados?
Ahora hay granadas sembrando el pánico en la población y se desaparecen los fusiles, nada más y nada menos, que del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada. Esa situación exige que haya mejores controles, no sólo en la admisión, también en la administración y cuido de los armamentos.
Antes de proponer estados de sitio hay que sanear la institucionalidad y fortalecerla. Decretar la suspensión de garantías constitucionales y permitir que agentes y soldados puedan actuar arbitrariamente es peligroso. El remedio puede salir peor que la enfermedad.
La desesperación ante la violencia no debe llevar a la militarización de la sociedad. El país ya transitó por esa senda y hace sólo unos días el presidente de la República debió pedir perdón por los abusos cometidos. Hay que repasar esa página de la historia y no repetirla. La diferencia entre entonces y hoy debe estar en el fortalecimiento institucional, la lucha frontal contra la impunidad, la apuesta por la investigación y el reestablecimiento del tejido social.
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21 Jan ' 02:25
2010-01-21 El presidente de la república, Mauricio Funes, ha pedido perdón por los crímenes cometidos en el pasado por agentes del Estado. El paso es importante y puede y debe marcar un antes y un después en la historia de la reconciliación salvadoreña. Se ha roto la afirmación tan infantil como ignorante y perversa de que el Estado no pide perdón, y que fue durante veinte años capricho ideológico oficial de El Salvador. Incluso el expresidente Cristiani parece reconocer ahora, al contrario de otros miembros de su partido, que el presidente puede pedir perdón por los crímenes cometidos por agentes del Estado.
Porque en efecto, la mayor corrupción de los fines del Estado no es robar el erario público aprovechándose de los puestos de poder. Más grave que lo anterior es que el propio Estado, prevaliéndose de su fuerza, asesine a sus propios ciudadanos y mantenga los crímenes en la impunidad. Matar injustamente y desde la fuerza del Estado a personas desarmadas es el mayor delito que se puede cometer en comunidad nacional. Porque el Estado se funda para defender a las personas y darles seguridad, no para abusar de ellas o eliminarlas. A una persona desarmada se la podrá juzgar si ha cometido delitos, pero no se la puede asesinar.
La petición de perdón del Presidente, seguida de la conformación de una Comisión de reparación y otra de búsqueda de niños desaparecidos, abre la puerta tanto a la búsqueda de la verdad como a otras peticiones de perdón, reconocimientos e incluso compensaciones a víctimas del pasado que desean recuperar su dignidad o la de sus familiares. Se trata de un reconocimiento que nos hace pensar una vez más en la importancia de la derogación de la ley de amnistía y la subsiguiente e inmediata promulgación de una ley de reconciliación que permita y aliente la búsqueda y reconocimiento de la verdad como camino de reconciliación.
No consideramos adecuado para el país el establecimiento de una justicia punitiva referida a los crímenes de la guerra civil. Pero sí creemos fundamental para la reconciliación plena del país el abrir nuestro sistema jurídico a lo que hoy se llama justicia restaurativa o transicional. Una justicia que más que castigar los crímenes del pasado trata de devolver la dignidad a las víctimas desde el reconocimiento, la escucha, la compensación moral.
La derecha más clásica del país se molesta con la petición de perdón del Presidente diciendo que es parcial. Pero es evidente que el Presidente sólo puede pedir perdón por los crímenes del Estado, que es a quien representa. El pensamiento obsoleto en este y en otros campos de ARENA es lo que la ha llevado a su crisis institucional y a su ruptura interna. Cuando hay tradición de prepotencia hay poca capacidad de reflexión sobre la obsolescencia del propio pensamiento.
El ideal es que las otras instituciones del Estado reflexionen también sobre su propia responsabilidad en los crímenes mencionados por el Presidente Funes y se atrevan a imitarle. El sistema judicial ha sido cómplice de infinitas injusticias y encubrimientos de crímenes durante la guerra civil, y bueno sería que reconociera lo que ya en su tiempo les dijo a los jueces Mons. Romero. La Fiscalía no sólo actuó en la guerra como un ente bastante inútil, sino que defendió sistemáticamente al Estado tanto durante el conflicto como posteriormente, avalando la impunidad y la ofensa repetida a las víctimas. La Fuerza Armada, como una de las instituciones con mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de humanidad, debe decir en algún momento su propia palabra y no refugiarse tras una petición genérica del perdón del Presidente, con la excusa de que es el Comandante General de la Fuerza Armada.
Es evidente que también otros, del FMLN y de otros grupos sociales, deben pedir perdón por los delitos cometidos o por lo que callaron o avalaron de brutalidad durante la guerra. Pero es sumamente importante que las peticiones de perdón no se conviertan en un nuevo manto protector de la impunidad. Pedir perdón exigen el conocimiento y reconocimiento de la verdad. Y así como el Estado debe favorecer el acceso y reconocimiento de la verdad, también el FMLN y otros sectores involucrados en el conflicto deben favorecer los reclamos de las víctimas que piden saber sobre sus deudos desaparecidos, asesinados o enterrados en lugares desconocidos.
A este respecto hay que insistir en dos observaciones al discurso presidencial. Su petición de perdón no puede interpretarse como un cierre automático de heridas, sino como un proceso de establecimiento de la verdad y un camino de reconciliación. Es ciertamente un paso, pero dentro de un caminar donde el protagonismo lo tienen que tener las víctimas. Y en ese contexto tenemos que añadir que en la Comisión estatal de reconciliación que menciona el discurso falta la representación de las víctimas. Y sobra la presencia del Ministro de Defensa. Al Ministro de Defensa, al menos mientras sea un general en activo y no un civil, se le podrá llamar para que dé informes a la Comisión de reconciliación. Pero no es justo que un representante del Ejército, que fue el brazo estatal más significativo en la violación grave de Derechos Humanos, esté en una comisión estatal orientada a la reconciliación en la que no están presentes las víctimas.
El presidente ha dado un paso importante. La paz se reafirma con el reconocimiento de los graves errores del pasado y con medidas concretas frente a ellos. Y los acuerdos de paz se complementan con decisiones y pasos que promuevan la justicia en todos sus aspectos. Justicia restaurativa para el ayer y justicia social para el presente. Y en el presente bueno será que empiece a funcionar con mayor agilidad y seriedad el Consejo Económico y Social establecido desde Agosto del año pasado.
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18 Jan ' 16:42
2010-01-18 El ministro de defensa y general de división David Munguía Payés ha solicitado esta semana pasada mayor libertad del ejército en el combate contra la delincuencia. Sus declaraciones son escandalosas. Por un lado afirma que hay normas que se deben cumplir y por otra expresa su deseo de más libertad. El significado de esa frase es lo suficientemente inquietante como para que los diputados de la Asamblea Legislativa le llamen para que la explique. Al fin y a cabo los diputados son los representantes del pueblo y nadie en el Ejecutivo debe dar declaraciones confusas sobre temas claves, como son la institucionalidad y la legalidad, sin que sea interrogado por el poder legislativo.
Las razones para interrogar al Ministro de Defensa son evidentes. Desde que el ejército ha salido a la calle la criminalidad no ha descendido en el país. A pesar de que el ejército no hace labor de largo plazo, sino de corto plazo y coyuntural, limitada en el tiempo, los efectos no se notan en las cifras que sufre el ciudadano. Las quejas no disminuyen y hasta ahora no ha habido ningún medio de comunicación que diga que las cosas han mejorado gracias a la presencia del Ejército en las calles. En otras palabras, que el aporte ha sido sumamente escaso, si es que lo ha habido.
Sin embargo se han multiplicado las quejas por la conducta de los soldados. Incluso algunos de los miembros de la PNC se han vuelto más abusivos. Se podrían mencionar bastantes casos, pero para muestra valga un botón. En la zona de Popotlán un joven con tatuajes, perseguido por un grupo de tarea conjunto, ejército y PNC, saltó por encima del tejado de una casa y se escondió en el baño que dicha vivienda tiene en el patio trasero. Policías y soldados llegaron inmediatamente y exigieron entrar en la vivienda. El dueño no se opuso, colaboró con el grupo y cuando encontraron al fin al presunto delincuente procedieron primero a golpearlo, ya indefenso y capturado, delante de la familia que habitaba en la vivienda. Posteriormente se llevaron también preso al dueño de la vivienda, acusándolo de asociación ilícita. A este último el juez lo soltó a los tres días por falta absoluta de pruebas.
Si ésta es la libertad que pide el general Munguía, por mal camino vamos. En esta casa de Radio, y en la UCA en general, nos hemos cansado de repetir que la solución al problema de la delincuencia es simultáneamente una tarea social, técnica y colegiada. Social en el ámbito del desarrollo equitativo y en la eliminación de la marginación y la exclusión, así como de las grandes, injustas y graves diferencias sociales. Técnica mediante el aumento en número del cuerpo policial, mejoramiento sistemático de su formación y entrenamiento, y mucha mayor insistencia en la investigación y en la elaboración de la prueba científica. Colegiada a través de la adecuada coordinación, formación y diálogo permanente entre todos los operadores de justicia, policías, fiscales y jueces.
El ejército no tiene nada que ver con esos temas y no debe meterse en ellos. Y si aún encima el ministro de Defensa, que tampoco parece saber gran cosa de seguridad ciudadana, empieza a pedir libertades, la cosa se complica. Porque hasta ahora las libertades que se toman los grupos de tarea conjunta van más bien por el lado del abuso que por cualquier lado responsablemente serio en la investigación del crimen. Los militares tienen demasiado presente en su historia la tendencia a utilizar el máximo de fuerza, incluso ilegal, para enfrentar al enemigo. Y el problema de la delincuencia en El Salvador no es un problema de utilización de fuerza bruta sino un problema de inteligencia policial y mejoramiento de la institucionalidad. La presencia de soldados al lado de los policías más parece embrutecer a algunos de los policías que aportar a la solución de nuestros problemas. Los deseos de libertad del general Munguía poco tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y por lo que vemos, tampoco tienen mucho que ver con los Derechos Humanos.
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12 Jan ' 20:15
Cada inicio de año se suele conmemorar la firma de los Acuerdos de Paz. Por un lado, desde la lectura oficial de la anterior gestión, estos acuerdos se dieron por finiquitados. Por tanto, más que reflexionar a profundidad sobre estos y sus deudas, se dedicaban ceremonias con el fin de celebrar el cese al fuego.
Por el otro lado, el partido de oposición, también firmante de los Acuerdos, conmemoraba la fecha por su cuenta y resaltaba las deudas pendientes. Similar lectura, más crítica que la del partido, ha sostenido buena parte de la sociedad civil al respecto.
Entre las deudas se destacan el desprecio hacia las víctimas, pues estas no han tenido acceso a la verdad, vía para lograr justicia y luego poder reconciliar a la sociedad salvadoreña, tal como uno de los objetivos del Acuerdo de Ginebra de 1990 señalaba.
Con el cambio de gobierno en 2009, las expectativas sobre un giro al respecto eran altas. No obstante, casos emblemáticos durante el conflicto armado, como el caso Jesuitas, las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cambios legislativos para acceder a la justicia y la demanda por derogar la Ley de Amnistía General no han sido abordados por el nuevo gobierno con la seriedad, valentía y compromiso requeridos.
Ya en esos 6 meses de gestión, el presidente Funes y su gabinete no han mandado señales claras sobre importantes demandas como la derogación de la Ley de Amnistía. Ciertamente es una competencia legislativa que corresponde a los partidos dentro del congreso, pero no debe olvidar que la potestad para formular leyes también descansa en el gabinete ejecutivo y, por supuesto, en el partido FMLN.
Medidas básicas como la petición de perdón público por los hechos del pasado siguen siendo una aspiración para los familiares de las víctimas. No se diga el tema de la reparación moral, simbólica y material para estas.
Todo apunta a que el pragmatismo impera en la toma de decisiones y apuestas políticas del nuevo gobierno.
El horizonte, como ya se ha insistido, deben ser las víctimas y sus intereses, no si las medidas son convenientes para cierto grupo o produce réditos electorales. El acceso a la verdad y la construcción de justicia pasan por el compromiso férreo y el respeto absoluto a la dignidad humana.
Como anunciaba en su primer discurso Funes, la idea del cambio abanderada por él y su gabinete no debía prestarse a errores, pero en temas sensibles como este, no solo han cometido errores, sino que estos son los mismos que la derecha representada en ARENA cometió durante su gestión.
La rectificación de estos errores depende de la sociedad. A pocos días de conmemorar los 18 años de los Acuerdos de Paz, es necesario que esta reflexione sobre su historia y exija a las autoridades compromisos serios, en otras palabras, un verdadero cambio.
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